RIO DE JANEIRO – El expresidente brasileño Jair Bolsonaro compareció el martes por primera vez ante el Supremo Tribunal Federal y negó su participación en un presunto complot para permanecer en el poder y anular el resultado de las elecciones de 2022, mientras enfrenta cargos que podrían llevarlo a prisión durante varias décadas.
Muchos brasileños siguieron el juicio, el cual fue transmitido en vivo por internet. El país quedó conmocionado por las revueltas de enero de 2023, cuando una turba de simpatizantes de Bolsonaro irrumpió en el Supremo Tribunal Federal, el Congreso y el palacio presidencial. En su testimonio, el exmandatario declaró que los alborotadores estaban “locos”, pero no eran golpistas.
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El derechista, quien lució relajado, y otros siete aliados fueron interrogados por un panel de jueces sobre las acusaciones de que idearon un plan para mantener a Bolsonaro en el cargo a pesar de su derrota ante el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El panel del máximo tribunal, encabezado por el juez Alexandre de Moraes, despejó su agenda para escuchar a los ocho acusados en el caso hasta el final del viernes. Pero lograron terminar la investigación en el segundo día de manera expedita. Los expertos legales dicen que se tiene previsto que la fase de sentencia del juicio tenga lugar durante la segunda mitad del año.
“Nunca hubo ninguna conversación sobre un golpe. Un golpe es algo abominable”, declaró Bolsonaro. “Brasil no podría pasar por una experiencia así. Y nunca hubo siquiera la posibilidad de un golpe en mi gobierno”.
El político de extrema derecha admitió que, tras la victoria de Lula, discutió “posibilidades” con los jefes de las fuerzas armadas, pero dentro de los límites constitucionales. No dio detalles.
El interrogatorio a Bolsonaro duró poco más de dos horas. En un momento, bromeó con el juez De Moraes —cuyo asesinato era parte del supuesto complot, de acuerdo con las acusaciones del fiscal general— un marcado cambio en el lenguaje que Bolsonaro ha dirigido al tribunal en el pasado.
Bolsonaro podría pasar décadas tras las rejas
Los acusados están siendo juzgados por cinco cargos: intento de golpe de Estado, participación en una organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado de derecho democrático, daño agravado y deterioro del patrimonio catalogado.
Una condena por golpe de Estado conlleva una sentencia de hasta 12 años. Cuando se combina con los otros cargos, los acusados podrían ser sentenciados a décadas tras las rejas.
El expresidente ha negado las acusaciones en reiteradas ocasiones y ha dicho que es víctima de una persecución política. Cuando De Moraes le preguntó al inicio del interrogatorio si la acusación era cierta, Bolsonaro respondió: “La acusación no se sostiene, su excelencia”.
Añadió que incluso si hubiera querido imponer un “estado de sitio” , las medidas habrían sido diferentes. “No había ambiente para ello, ni oportunidad. Ni siquiera teníamos una base mínimamente sólida para hacer algo”, subrayó.
Los ocho acusados supuestamente fueron los principales arquitectos del plan. Los jueces también interrogan al excompañero de fórmula de Bolsonaro y ministro de Defensa Walter Braga Netto, al exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira, a los exministros Anderson Torres y Augusto Heleno y al exasesor Mauro Cid, entre otros.
Los jueces escucharán a otros 26 acusados en una fecha posterior. El tribunal ya ha escuchado a decenas de testigos en audiencias que comenzaron a mediados de mayo.
Cid, quien ha firmado un acuerdo de culpabilidad con la policía federal, dijo al tribunal el lunes que Bolsonaro leyó y editó un documento que tenía como objetivo anular el resultado electoral.
Cid también afirmó que Bolsonaro se negó a intervenir respecto a los campamentos que instalaron sus simpatizantes frente a las instalaciones del ejército para exigir una intervención militar después de que el entonces presidente perdió las elecciones.
Nogueira, quien también fue comandante del ejército durante la presidencia de Bolsonaro, dijo en su testimonio que había alentado al entonces mandatario a pronunciar un discurso nacional a finales de diciembre de 2022 para reconocer su derrota y dejar el cargo. Añadió que los disturbios en Brasilia fueron “una manifestación pacífica que terminó en vandalismo”.
Muchos de esos seguidores fueron posteriormente parte del motín del 8 de enero de 2023. La policía dice que el levantamiento —que ocurrió después de que Lula asumió el cargo— fue un intento de forzar una intervención militar y derrocar al nuevo presidente.
El fiscal general Paulo Gonet alega que el motín fue parte de un amplio esquema antidemocrático para anular el resultado electoral. Parte de ese complot supuestamente incluía un plan para asesinar a Lula y al juez Alexandre de Moraes. El plan no se llevó a cabo de último momento porque no lograron obtener el apoyo del comandante del ejército, según Gonet.
Bolsonaro señaló el martes que se enteró del complot — el cual llevaba el nombre de “Daga Verde y Amarilla”— cuando fue reportado por la prensa.
“Si se hubiera propuesto, en mi opinión, habría sido rechazado, con acción inmediata”, dijo.
Braga Netto, el excompañero de fórmula de Bolsonaro, testificó desde la prisión. Dijo que nunca vio el documento en el que supuestamente se describía el complot.
Bolsonaro, un exoficial militar conocido por expresar nostalgia por la dictadura pasada del país, desafió abiertamente el sistema judicial de Brasil durante su mandato de 2019 a 2022.
Ya ha sido inhabilitado por el máximo tribunal electoral para postularse en elecciones hasta 2030 por abuso de poder mientras estaba en el cargo y por sembrar dudas infundadas sobre el sistema de votación electrónica del país.
Thiago Bottino, profesor de derecho en la Fundación Getulio Vargas, un centro de estudios y universidad, calificó el juicio de histórico.
“Es la primera vez que vemos a personas acusadas de un intento de golpe de Estado siendo sometidas a un juicio penal, con las garantías del debido proceso penal — pudiendo defenderse pero respondiendo por estas acusaciones”, dijo.
El juicio es particularmente significativo a la luz del hecho de que la Constitución de Brasil fue adoptada en 1988, hace menos de cuatro décadas, dijo Bottino.
Brasil está demostrando que tiene “la madurez democrática para poder usar el debido proceso para investigar este tipo de acusaciones y, si es necesario, responsabilizar a los culpables”, dijo.
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El periodista de Associated Press Mauricio Savarese contribuyó a este despacho desde Sao Paulo.