BUENOS AIRES – La expresidenta argentina Cristina Fernández se mostró sonriente, aplaudió y bailó el miércoles desde el balcón de su apartamento ante decenas de partidarios que le gritaban “vamos a volver”, mientras aguardaba que la justicia decida si accede a su petición de cumplir en su domicilio de Buenos Aires la condena a seis años de prisión por corrupción que la víspera ratificó la Corte Suprema.
Fernández (2007-2015) cuenta con un plazo de cinco días hábiles para presentarse ante el tribunal federal que hace tres años dictó la sentencia de cárcel en su contra y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para ser notificada de dónde deberá cumplirla.
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Carlos Beraldi, abogado de la líder del peronismo opositor, dijo a periodistas que mientras corre el plazo la exmandataria ha tramitado "un pedido de arresto domiciliario que el tribunal tendrá que resolver”.
La también exvicepresidenta (2019-2023) y principal figura política de las últimas dos décadas reside junto a su hija y su nieta menor de edad en el apartamento de un antiguo edificio situado al sur de la capital en el que espera cumplir su reclusión. Beraldi fue a visitarla en horas tempranas del día para analizar su situación procesal.
En tanto que militantes del kirchnerismo —la corriente de centroizquierda del peronismo que tiene a Fernández como referente— y miembros de varios sindicatos se concentraron frente al inmueble para manifestarle su apoyo.
Entrada la tarde, Fernández salió a saludaros desde el balcón. Decidida a capitalizar políticamente el revés judicial presentándolo como una proscripción política, la dirigente mostró buen semblante, sonrió y repitió “gracias” en varias ocasiones. También hizo el clásico saludo peronista con los dedos en V y ensayó un pequeño baile cuando los seguidores cantaban “vamos a volver”.
Los argumentos que Fernández ha esgrimido para gozar de prisión domiciliaria son ser mayor de 70 años —uno de los atenuantes que contempla la ley para otorgar ese beneficio—, haber ejercido la presidencia y haber sido víctima de un intento de atentado en 2022, un antecedente que a su entender requiere que cuente con medidas de mayor resguardo que las que tendría en una prisión común.
Beraldi señaló que su defendida, de 72 años, ha pedido además cumplir la reclusión sin tener que portar una tobillera electrónica que, según acotó, “es una medida de seguridad que en el caso de Cristina no tiene ningún sentido porque es para monitorear que no sale de su domicilio y para eso está su custodia”.
“Siempre cumplió con todas las disposiciones” de la justicia, aseveró el letrado.
Sin embargo, los fiscales que llevaron la acusación contra la exmandataria en el juicio de 2022 insistieron el miércoles con “la inmediata" detención de todos los condenados en la causa, en cumplimiento del Código Procesal Penal Federal.
El pedido de la fiscalía se había formalizado el martes, horas después del fallo de la Corte Suprema, pero fue rechazado por el tribunal federal que, en cambio, dispuso que los condenados se presenten dentro de los próximos cinco días hábiles en tribunales. Los fiscales consideraron que este plazo “es discrecional” e insistieron que la sentencia debe ejecutarse “en forma plena e inmediata”.
El miércoles organizaciones sociales, estudiantes universitarios, partidos de izquierda y sindicatos se movilizaron a la histórica Plaza de Mayo para repudiar el fallo de la Corte Suprema, el primero de su tipo contra un expresidente argentino.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó el miércoles en una conferencia de prensa su solidaridad con la exmandataria argentina y aseveró que la confirmación de su condena "es un asunto más político desde nuestro punto de vista”.
En un comunicado, el peronismo expresó que el fallo de la Corte Suprema reviste “un nivel inédito de gravedad institucional” y agregó que "no estamos frente a un fallo judicial sino frente a un acto político de carácter antidemocrático”.
En medio de una gran expectativa, la Corte Suprema, máximo tribunal del país, dejo en firme el martes la sentencia dictada en contra de Fernández en un juicio en 2022 que la halló culpable del delito de administración fraudulenta durante su gestión. Ese fallo fue ratificado a fines de 2024 por la principal cámara penal.
Una de las consecuencias de la decisión es que la dirigente peronista no podrá competir como candidata a diputada provincial en las elecciones de septiembre en Buenos Aires, como había anticipado.
Fernández se ha considerado por ello víctima de una persecución judicial orquestada por sectores conservadores para sacarla del escenario político.
El máximo tribunal rechazó un recurso extraordinario de Fernández que había objetado la legitimidad de las pruebas presentadas en su contra durante el juicio en el que en 2022 fue hallada culpable de haber perpetrado un fraude millonario al Estado mediante la asignación irregular de fondos estatales al empresario Lázaro Báez —allegado a su familia— para la realización de medio centenar de obras públicas.
Los problemas judiciales de la expresidenta no se agotan en este fallo.
El 6 de noviembre comenzará a ser juzgada como presunta jefa de una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos a empresarios vinculados con la obra pública.
Otro proceso, aún sin fecha de inicio definida, girará en torno a la firma de un memorando de entendimiento con Irán en 2013. Según la justicia, ello habría permitido el encubrimiento de los iraníes imputados por la justicia argentina en la causa por el atentado terrorista de 1994 contra una asociación judía en Buenos Aires.
En un tercer caso, será juzgada bajo la acusación de lavado de activos y asociación ilícita por un presunto esquema mediante el que empresarios favorecidos con obra pública habrían pagado alquileres de propiedades pertenecientes a la exmandataria y a sus hijos como retorno de las adjudicaciones.
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Las periodistas de AP Débora Rey en Buenos Aires y Fabiola Sánchez desde Ciudad de México contribuyeron con este despacho.