BOGOTÁ – Las autoridades colombianas imputaron el jueves a un segundo presunto implicado en el atentado a balazos contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien permanece en estado crítico en un hospital desde el sábado.
Carlos Eduardo Mora González es señalado por la fiscalía de haber participado en la logística del ataque. Fue imputado por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y uso de menores de edad en la comisión de delitos, agregó el reporte. Un juez ordenó el jueves que Mora González fuera recluido de manera preventiva en prisión.
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El senador y precandidato daba un discurso de campaña el sábado en un parque ubicado en el occidente de Bogotá a plena luz del día, cuando fue atacado a tiros por la espalda y herido en la cabeza. El político fue intervenido quirúrgicamente y se encuentra sumamente grave, aunque hay “indicios de mejoría neurológica”, según la Clínica Fundación Santa Fe donde se encuentra hospitalizado.
Tras el ataque fue detenido un adolescente de 15 años, acusado de presuntamente disparar contra el político y darse a la fuga. El menor rechazó los cargos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas imputados por la fiscalía, y permanece recluido bajo condiciones especiales por ser menor de edad.
Mora González habría estado dentro de un vehículo. Allí, poco antes del atentado, el menor se habría cambiado de prendas de vestir y recibido el arma con la que luego habría disparado, según la investigación de la fiscalía.
Habría participado también en la logística previa al visitar dos días antes el parque donde se cometería el delito.
Además de Mora González, la fiscalía interrogó a dos personas que son investigadas y que se presentaron voluntariamente ante las autoridades. La entidad no detalló el papel que habrían cumplido en el atentado contra el precandidato.
Las autoridades investigan el móvil del ataque a Uribe Turbay, opositor al gobierno del izquierdista Gustavo Petro, y consideran dentro de sus hipótesis que se trate de un intento de atacar a miembros de la oposición, una represalia de grupos armados ilegales o un intento de desestabilizar al gobierno.
El ataque a Uribe Turbay ocurre cuando falta menos de un año para las elecciones presidenciales de 2026, y ha generado preocupación por la seguridad de los demás precandidatos. Algunos cancelaron sus eventos de campaña de manera preventiva, en un país con un pasado violento en el que cárteles del narcotráfico asesinaban a candidatos presidenciales y otras figuras de alto perfil.
El atentado fue condenado por varios mandatarios y altas autoridades de diversos países, entre ellos Estados Unidos, Chile, Ecuador, Panamá y la Unión Europea.
El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio condenó el sábado el ataque contra el precandidato colombiano. En su cuenta en la red social X, Rubio señaló que fue el “resultado de la violenta retórica izquierdista proveniente de las más altas esferas del gobierno colombiano”, al tiempo que le pidió a Petro “moderar su discurso incendiario” y brindar protección efectiva.
Colombia rechazó las declaraciones de Rubio el jueves con una carta formal firmada por el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, en la que asegura que Petro ordenó el fortalecimiento de las medidas de protección para los precandidatos, mientras la fiscalía avanza en la investigación.
El ministro del Interior, Armado Benedetti, aseguró el jueves a la prensa que asignarán un policía de alto rango para que sirva de enlace directo con los miembros de la oposición, especialmente del Partido Centro Democrático al que pertenece Uribe Turbay.
Revisarán también el plan de seguridad asignado a los opositores y precandidatos presidenciales para evaluar su nivel de riesgo y aumentar el plan de seguridad de los políticos con el fin de que puedan desplazarse en la vía pública.
“En mi caso particular, de nada vale el reforzamiento de esquemas de seguridad si no se mejoran sustancialmente las condiciones de seguridad de todo el país”, dijo a The Associated Press Hernán Cadavid, representante a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático.
Cadavid considera que la inseguridad en Colombia ha aumentado, especialmente la incidencia que tienen grupos ilegales con los que el gobierno ha intentado abrir negociaciones de paz.
“Si se llegara a confirmar la tesis de que fueron grupos disidentes de las FARC o, en cualquier caso, grupos armados al margen de la ley, pues evidentemente han sido todos beneficiados en el actual gobierno con medidas que les han permitido el fortalecimiento”, explicó Cadavid, refiriéndose a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, un grupo guerrillero que ya ha sido disuelto.
La víspera, Noticias Caracol divulgó grabaciones de cámaras de seguridad del sector del ataque que muestran la interacción del menor con al menos cinco personas en esa zona que, presuntamente, serían sus cómplices.
El abogado Víctor Mosquera, defensor de Uribe Turbay, informó el jueves que de manera independiente están recaudando pruebas con investigadores privados, las cuales están entregando a la fiscalía para acelerar la investigación.
Mosquera dijo a la prensa que entregaron a la fiscalía una base de datos con más de 1.000 contactos para que “analice si la campaña había sido infiltrada por esta banda criminal que cometió esta tentativa de homicidio”.
El abogado también pidió a la fiscalía investigar la “grave omisión del Estado” para brindar seguridad al senador, tras haber solicitado su reforzamiento en diversas oportunidades. Según Petro, la seguridad del precandidato fue “extrañamente disminuida” el día del atentado.
Petro ha pedido a la fiscalía que permita que una comisión judicial independiente de Naciones Unidas ayude a investigar el atentado contra Uribe Turbay, así como otros líderes políticos asesinados en décadas recientes. La fiscalía rechazó la idea del presidente, al considerar que tiene la capacidad para investigar a fondo el atentado contra el precandidato.