SAN JOSÉ – La fiscalía general de Costa Rica presentó el lunes una acusación contra el presidente del país, Rodrigo Chaves, por su presunta participación en delitos relacionados con financiamiento ilegal de la campaña de 2022 que lo llevó al poder.
Según detalló la fiscalía en un comunicado, la acusación va acompañada de una solicitud ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia para que se levante la inmunidad de Chaves y se lleve el caso a juicio por su presunta participación en delitos relacionados con financiamiento político ilícito.
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Junto al presidente, también están acusados y se solicita que se levante el fuero al vicepresidente Stephan Brunner, al canciller Arnoldo André, así como a los diputados oficialistas Pilar Cisneros, Luz Mary Alpízar, Paola Nájera y Waldo Agüero.
La fiscalía señala a estos siete altos funcionarios por haber utilizado un fideicomiso privado y cuentas bancarias privadas para financiar la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) en 2022, en los comicios que llevaron a Chaves a la Presidencia de Costa Rica.
Hasta el momento el gobierno del presidente Chaves no ha emitido una reacción al respecto. Pero sí se pronunció la jefa del oficialismo en la Asamblea Legislativa, Pilar Cisneros, asegurando que el aludido fideicomiso no recibió dinero público y que se cerró un día antes de que se formalizara oficialmente la candidatura del hoy mandatario.
Según la fiscalía, tanto el fideicomiso como las cuentas bancarias privadas “operaron al margen del control del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Tesorería del partido político, tal como exige el Código Electoral. Lo anterior, contraviniendo los principios de legalidad, transparencia y publicidad que rigen el financiamiento político en Costa Rica, afectando la integridad del proceso electoral”.
Pero Cisneros desacreditó la acusación al considerarla otro intento “desesperado de dañar al presidente Chaves. ”Ahí no hay un solo centavo de dinero público por ahí; segundo, el fideicomiso y la campaña política nunca coexistieron: el fideicomiso se cerró un día antes de que Rodrigo Chaves Robles fuera postulado como presidente de la república”, dijo la diputada.
La jefa del bloque legislativo oficialista agregó que todos los funcionarios están dispuestos a renunciar a su fuero, pues asegura que ninguno tiene “nada que ocultar”.
El juicio sólo se puede llevar a cabo si los magistrados de la Corte Suprema de Justicia levantan la inmunidad a los siete funcionarios.