BUENOS AIRES – Un juez federal argentino resolvió el jueves que los diez acusados iraníes y libaneses por el atentado contra una asociación judía en 1994, que dejó 85 muertos, sean juzgados en ausencia en Buenos Aires.
El magistrado Daniel Rafecas hizo lugar a un pedido de la fiscalía especial que investiga el ataque para que se lleve a cabo este proceso, que se realizará por primera vez en Argentina, luego de la sanción en febrero de este año de una ley que permite realizar juicios penales cuando los acusados eluden de forma sistemática a la justicia.
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Los exfuncionarios iraníes y miembros del grupo terrorista libanés Hezbollah están acusados de planificar y ejecutar el ataque terrorista del 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y sobre ellos pesan pedidos de captura internacional.
“El juicio en ausencia, por más limitado que sea, aun así sigue siendo una herramienta que permite, al menos, intentar conocer la verdad, reconstruir lo ocurrido y, sobre todo, darles a quienes representan a las víctimas un lugar para expresarse públicamente en ese proceso”, escribió Rafecas en su resolución.
El fallo de Rafecas —que puede ser apelado ante la Cámara Federal— sostiene que los acusados fueron declarados en rebeldía hace años, saben que están siendo buscados y sobre ellos pesan pedidos de captura.
En 2024, una resolución de la principal corte penal de Argentina ratificó que los responsables del ataque a la AMIA fueron los más altos cargos del gobierno iraní de entonces, varios ministros, mandos de la fuerza pública y funcionarios de su embajada en Argentina. Todos fueron citados a declarar, sin éxito, ante la justicia argentina.
Entre los acusados iraníes están los exministros de Información Alí Fallahijan y de Relaciones Extranjeras Alí Akbar Velayati, los exjefes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai y de la Fuerza Quds Ahmad Vahidi y el exembajador iraní en Argentina, Hadi Soleimanpour.
Los tres ciudadanos libaneses incluyen a Salman Raouf Salman, quien presuntamente coordinó el ataque, y sus compañeros miembros de Hezbolá Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar.
La justicia argentina también señaló a los ciudadanos libaneses Salman Raouf Salman —presunto coordinador del ataque— y sus compañeros miembros de Hezbolá Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar.
En abril pasado, una sala de la Cámara de Casación Penal concluyó que el atentado a la AMIA fue organizado y financiado por las autoridades del Estado Islámico de Irán en represalia por la decisión del país sudamericano de romper un convenio de cooperación nuclear.
En la misma resolución, la máxima cámara penal declaró el atentado como un crimen de lesa humanidad, lo que evita la prescripción de la causa.
Según el tribunal, la motivación de los dos ataques terroristas “se originó principalmente en la decisión del gobierno argentino (motivado en un cambio de la política exterior de nuestro país operado entre fines de 1991 y mediados de 1992) de rescindir tres contratos de provisión de material y tecnología nuclear acordados con la República Islámica de Irán”.
El convenio de cooperación se había firmado a mediados de la década de 1980 por el entonces gobierno del presidente de centro-izquierda Raúl Alfonsín (1983-1989). Fue cancelado en 1992 por su sucesor el expresidente de centro-derecha Carlos Menem (1989-1999), quien se había alineado con Estados Unidos.
Dos años antes del ataque a la AMIA otro explosivo voló la embajada de Israel en Buenos Aires. La justicia argentina también atribuyó la autoría intelectual de ese ataque al régimen de Irán y su ejecución a Hezbollah. Teherán siempre negó haber estado involucrado en los dos atentados.
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El periodista de AP Sergio Farella contribuyó en esta nota.