QUITO – El exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas fue sentenciado el lunes en un nuevo caso de corrupción y recibió una condena de 13 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por parte de la Corte Nacional de Justicia, que llevaba el juicio por uso indebido de fondos públicos destinados a la reconstrucción de dos provincias afectadas en 2016 por un potente terremoto.
Según el fallo, el más severo para ese tipo de delito, el exvicepresidente que ejerció en el gobierno de Correa y, después, brevemente, en el de Lenín Moreno, quedará además inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos. Además, perdió sus derechos de participación política por 25 años y debe pagar una multa equivalente a 28.800 dólares.
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Glas se encuentra en una prisión de máxima seguridad, cumpliendo sentencias previas de seis y ocho años de cárcel en otros dos casos de corrupción, en uno de los cuales también fue condenado el expresidente Rafael Correa (2007-2017), quien se encuentra prófugo.
El exvicepresidente, que obtuvo acceso al beneficio penitenciario de prelibertad por decisión de un juez ahora procesado por liberarlo, fue detenido en abril de 2024 tras la irrupción de la policía en la embajada de México en Quito. Se había refugiado allí desde diciembre del año anterior cuando la fiscalía lo llamó a comparecer tras abrir la investigación sobre su gestión de la reconstrucción del terremoto.
La irrupción de la policía en la sede diplomática mexicana derivó en la ruptura de relaciones bilaterales.
Junto a Glas fue sentenciado a 13 años de prisión Carlos Bernal, quien presidía el Comité de Reconstrucción. La justicia lo señaló como coautor del delito, debido a que las obras ejecutadas fueron entregadas a una empresa de su cuñado en que además era accionista la esposa de Bernal.
La jueza Mercedes Caicedo, que leyó la sentencia, indicó que los recursos recaudados de los ecuatorianos —a través de impuestos y contribuciones— para la reconstrucción se destinaron a “construcciones inservibles, inutilizadas e innecesarias bajo el nulo respeto a la ley de Solidaridad, pero sobre todo bajo el nulo respeto a las víctimas del terremoto”.
La justicia ecuatoriana consideró que ambos “abusaron de dineros públicos que estaban en su poder en razón de su cargo” y ejecutaron obras que no eran antisísmicas —a pesar del reciente terremoto— que fueron ubicadas en zonas de alto riesgo de inundación.
Por concepto de daños materiales, impuso una sanción de 250 millones de dólares —125 millones para cada uno— que corresponde a daños materiales inmateriales a pagar entre Glas y Bernal, considerando el daño provocado a las víctimas del terremoto.
En su defensa, Glas había dicho durante el proceso que no hay delito, ya que nunca manejó dinero relacionado con las obras. También desmintió la versión de la fiscalía y alegó que la determinación de prioridades para la reconstrucción contó con la aprobación de todos los miembros del comité.
Uno de los abogados del exvicepresidente, Andrés Villegas, dijo a periodistas que “ésta es la primera instancia... y luego hay dos recursos extraordinarios” que se interpondrán ante la justicia porque “nosotros no vamos a claudicar”.
El caso se deriva de la creación de un comité —presidido por el entonces vicepresidente— para la ejecución de obras de reconstrucción tras el terremoto de 7,8 de magnitud que en 2016 dejó casi 700 muertos y daños materiales millonarios, principalmente en la provincia costera de Manabí.
Para la reconstrucción, se aprobó una Ley de Solidaridad con el fin de recaudar fondos a través de impuestos y contribuciones obligatorias.
Glas fue separado del cargo de vicepresidente al inicio de la gestión de Moreno, acusado de corrupción en el caso Odebrecht por la justicia ecuatoriana en enero del 2018.