SAN JOSÉ – La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica envió el martes a la Asamblea un pedido para retirar la inmunidad al presidente del país, Rodrigo Chaves, con miras a procesarlo judicialmente por presuntamente haber favorecido a colaboradores cercanos con contratos de consultorías.
Es la primera vez que la Corte Suprema da paso a un pedido para levantar la inmunidad a un presidente en ejercicio. Chaves tiene al menos otro pedido similar pendiente de trámite en el alto tribunal por supuesto financiamiento ilícito de campaña.
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La Asamblea Legislativa deberá decidir ahora si permite que Chaves pueda ser judicializado por el delito de concusión. La fiscalía presentó en abril una acusación contra él por haber usado su poder de influencia de forma indebida en el diseño de unas consultorías con dinero del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
En concreto, se señala al presidente por su supuesta injerencia en 2023 en el diseño de los contratos por 32.000 dólares para que se incluyera en la contratación a su asesor y estratega de campaña Federico “Choreco” Cruz.
Hasta el momento, la Presidencia de Costa Rica no ha emitido ninguna reacción sobre la decisión de los magistrados.
Los magistrados de la Corte Suprema dieron paso al pedido de la fiscalía con 15 votos a favor y siete en contra.
Hace una semana, la fiscalía general presentó otra acusación contra Chaves por su presunta participación en delitos relacionados con financiamiento ilegal de la campaña de 2022 que lo llevó al poder. Este otro caso se refiere al supuesto uso de una estructura financiera privada de financiamiento durante la campaña política de 2022, que no era avalada por la ley ni estuvo bajo la supervisión del Tribunal Supremo de Elecciones.
El levantamiento de la inmunidad es el paso previo necesario para que el presidente costarricense pueda ser investigado y procesado judicialmente. Se requiere de una mayoría calificada —dos terceras partes de los votos— de los diputados presentes en la sesión en que se discuta el tema.
El oficialismo cuenta en el Legislativo con sólo nueve de 57 asientos, pero no está claro si el pedido conseguiría sumar entre la oposición suficientes votos para llegar a los 38 necesarios.
El caso por el que se investiga a Chaves surgió cuando la prensa local dio a conocer en 2023 una serie de audios grabados por la entonces ministra de Comunicación Patricia Navarro en los que se escucha al mandatario preguntando por la participación de Cruz en los contratos.
Junto a Chaves, la fiscalía señala también al actual ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, quien entonces fungía como jefe de despacho de Chaves, por presuntamente haber instruido al empresario de la comunicación, Christian Bulgarelli, para diseñar a su medida el contrato que luego le sería otorgado.
A Bulgarelli, la fiscalía le dio el trato de “testigo de la corona”, una figura legal para que colabore con la información sobre los hechos mencionados a cambio de obtener un trato favorable en el juicio.