LIMA – La organización Human Rights Watch presentó el martes un reporte muy crítico con la gestión del gobierno y del Congreso de Perú al vincular la aprobación de varias leyes con, según su análisis, un fortalecimiento de algunas actividades ilegales como la corrupción o la deforestación.
En su informe con 125 entrevistas a funcionarios y activistas, la organización no gubernamental reportó que mediante diversas leyes se está debilitando “gravemente” la independencia judicial, mientras la seguridad en Perú se deteriora “drásticamente”.
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Recogiendo cifras oficiales, HRW calculó que los homicidios subieron 137% entre 2018 y 2024 cuando llegaron a 2.552, de los cuales la mitad fueron a manos de sicarios.
Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, dijo en conferencia de prensa que en América Latina hay gobiernos autoritarios que han buscado restringir derechos para luchar contra el crimen organizado y otros han sido renuentes a enfrentarlo, pero “lo que no tenemos en América Latina y sí tenemos en Perú es un congreso activamente legislando para fortalecer el crimen organizado”.
The Associated Press pidió comentarios tanto del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, y de la presidenta Boluarte, sin obtenerlos al momento.
El gobierno de Perú admitió a inicios de mes que el costo anual de la creciente criminalidad que azota el país sudamericano suma aproximadamente unos 5.000 millones de dólares en la economía o 1,7% del PIB, debido a que afecta negativamente las inversiones, sobre todo de pequeños negocios, golpeados por una ola de extorsiones y asesinatos.
Los asesinatos de choferes de buses frente a sus pasajeros, las explosiones nocturnas en negocios o domicilios por casos de extorsión son noticia frecuente en Perú, lo cual es reportado por medios locales.
La presidenta peruana, Dina Boluarte, relacionó en 2023 el aumento de la inseguridad en el país con la presencia de migrantes y emitió medidas para la regulación y restricción de la llegada de extranjeros.
El informe de HRW analizó más de 80 leyes aprobadas por el Parlamento que inició funciones en 2021. Goebertus se concentró en un puñado de 10 leyes que, dijo, muestran de forma clara cómo le han ido quitando “una a una, capacidades" al sistema de justicia "para ser efectivos con el crimen organizado ”.
Entre las normas recordó aquella que ha “limitado drásticamente” la cooperación eficaz, lo cual debilita los esfuerzos para desmantelar grupos criminales y detectar conexiones con funcionarios corruptos.
Goebertus indicó que en el Parlamento, que tiene más de la mitad de sus 130 legisladores con investigaciones por corrupción y otros delitos, se ha modificado la definición de “crimen organizado” en el Código Penal para excluir delitos de corrupción y se han creado obstáculos a los allanamientos a los investigados por criminalidad organizada.
Mencionó que legalmente se ha buscado regularizar la deforestación ilegal de grandes áreas, lo que impide a los fiscales perseguir a los responsables.
Para HRW, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte “es corresponsable en el desarrollo de estas leyes que han permitido el fortalecimiento del crimen organizado”.
Goebertus señaló que si bien el grueso de esas leyes han sido iniciativa del Congreso, “en la mayoría” de casos la presidenta no las ha devuelto con observaciones al Parlamento. En otras ocasiones, el Parlamento ha aprobado las normas por insistencia luego que Boluarte dejó transcurrir 15 días sin tomar decisión. Si hubiese una decisión presidencial "en contra de lo que está haciendo el Congreso, tendría perfectamente las herramientas para hacerlo”, indicó.
HRW dijo que buscaron entrevistar a representantes del Parlamento y el gobierno, incluida la mandataria Boluarte, pero no obtuvieron respuesta.