MEXICO CITY – Ante el avance de la extorsión en México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el martes una nueva estrategia nacional de seguridad que contempla una reforma constitucional y una ley general para perseguir de oficio el delito en todo el país.
Tras reconocer el fracaso de las políticas de seguridad de su gobierno para frenar la extorsión, Sheinbaum dijo en su conferencia matutina que impulsará una reforma de la Carta Magna para otorgarle al Congreso facultades para emitir legislación de carácter nacional sobre ese delito que obligará a los 32 estados a armonizar sus regulaciones.
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Por años, en México se ha padecido la extorsión que golpea tanto a pequeños comerciantes como grandes empresas que pierden miles de millones de pesos al año por el pago del llamado “cobro de piso”, según han reconocido los organismos empresariales locales.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad federal, durante el primer semestre de este año la extorsión reportó un crecimiento de 27,7% en comparación con igual período del 2019, convirtiéndose en el único de los once delitos de alto impacto que se ha mantenido al alza en ese tiempo.
Al explicar los alcances de la nueva normativa, la mandataria indicó que se buscará que el Estado mexicano pueda perseguir de oficio a los extorsionadores y que los casos ya no tengan que sustentarse solo en la denuncia de las víctimas. “Le estamos quintando a la víctima ese peso… La víctima es el Estado”, agregó.
En la actualidad, en los códigos penales de los 32 estados hay diferentes regulaciones sobre la extorsión, que según los especialistas dificulta el combate a ese delito que se ha extendido por el todo el país.
Los estados de Guanajuato, México, Nuevo León, Veracruz, Jalisco, Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México concentran el 66% de los casos de extorsión, afirmó el martes el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.
El Gabinete de Seguridad federal presentó el domingo una nueva estrategia nacional de combate a la extorsión que contempla la creación de un número telefónico para recibir las denuncias anónimas, la unificación de las unidades de secuestro y extorsión para aumentar el número de funcionarios dedicados a esos casos, la cancelación inmediata de las cuentas telefónicas que se utilicen para la extorsión y el incremento de los operativos en las cárceles para incautar los equipos telefónicos empleados por los internos para ese delito.