SOUTH MIAMI, Fla. – El alcalde de South Miami, Javier Fernández, dijo que estaba decepcionado de que las autoridades de Cayo Hueso hubieran decidido permitir una asociación de aplicación de la ley de inmigración.
Los comisionados de Cayo Hueso habían anulado el acuerdo de la ciudad con las agencias federales de inmigración el 30 de junio y lo restablecieron el martes.
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En un comunicado emitido el miércoles, Fernández dijo que tenía esperanzas de que la demanda de su ciudad presentada en marzo demostrara que la ley de Florida no “obliga” a las asociaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
“Tenemos la esperanza de que, tras un fallo favorable, otras ciudades puedan sopesar la elección que Cayo Hueso se vio obligada a considerar sin miedo y sin coacción”, dijo Fernández, un demócrata que fue elegido alcalde en 2022.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, amenazó a Cayo Hueso con consecuencias y pidió a un juez de circuito del condado de Leon que desestimara la demanda de South Miami, que seguía pendiente el miércoles.
Uthmeier argumentó que una sesión legislativa estatal especial aprobó un proyecto de ley en febrero que el gobernador Ron DeSantis promulgó para imponer “mayores obligaciones a los gobiernos locales” para ayudar con la aplicación de la ley federal de inmigración.
DeSantis apoya firmemente la aplicación de ICE de la sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad para delegar las funciones federales a las fuerzas del orden estatales y locales.
La demanda de South Miami argumenta que la decisión de evitar un acuerdo 287(g) tiene que ver con riesgos de responsabilidad y no “con acuerdo o desacuerdo” o un “deseo de evitar la cooperación” con el apoyo de DeSantis al impulso del presidente Donald Trump para las deportaciones.
“El gobernador quiere decir que tiene el acuerdo de cumplimiento más estricto de la nación”, dijo Fernández, exrepresentante estatal demócrata, el mes pasado durante This Week In South Florida.
DeSantis también apoya la construcción de nuevos centros de detención, lo que permite que los agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida trabajen como alguaciles federales adjuntos especiales y que los abogados generales de la Guardia Nacional de Florida ayuden en los tribunales de inmigración.