CONCORD, Nueva Hampshire – Un juez federal en Nueva Hampshire dijo el jueves que certificará una demanda colectiva que incluirá a todos los niños afectados por la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pone fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento y emitirá una orden judicial preliminar para bloquearla.
El juez Joseph LaPlante anunció su decisión tras una audiencia de una hora y dijo que emitirá una orden por escrito. Ésta incluirá una suspensión de siete días para permitir una apelación, indicó.
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La demanda colectiva es ligeramente más limitada que la que buscaban los demandantes, quienes originalmente incluían a los padres de los afectados.
La demanda fue presentada en nombre de una mujer embarazada, dos padres y sus bebés. Es uno de los numerosos casos que impugnan la orden de Trump de enero que niega la ciudadanía a aquellos nacidos de padres que viven en Estados Unidos sin autorización o temporalmente. Representados por la Unión Americana de Libertades Civiles y otros organismos, los demandantes buscan que su caso sea certificado como demanda colectiva y bloquear la implementación de la orden mientras continúa el litigio.
“Decenas de miles de bebés y sus padres podrían estar expuestos a los innumerables daños de la orden en cuestión de semanas y necesitan una orden judicial ahora”, escribieron los abogados de los demandantes en documentos judiciales presentados el martes.
El tema en cuestión es la 14ta Enmienda de la Constitución, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos”. El gobierno de Trump dice que la frase “sujetas a su jurisdicción” significa que el país puede negar la ciudadanía a los bebés nacidos de mujeres que se encuentren en territorio estadounidense sin autorización, poniendo fin a lo que se ha considerado una parte intrínseca de la ley estadounidense durante más de un siglo.
“Las impresiones erróneas previas de la cláusula de ciudadanía han creado un incentivo perverso para la inmigración ilegal que ha impactado negativamente la soberanía, la seguridad nacional y la estabilidad económica de este país”, escribieron los abogados del gobierno en el caso de Nueva Hampshire.
LaPlante, quien había emitido una orden judicial limitada en un caso similar, dijo que, aunque no consideraba frívolos los argumentos del gobierno, los encontraba poco convincentes. Afirmó que su determinación de emitir una orden judicial “no fue una decisión difícil” y que la privación de la ciudadanía estadounidense claramente equivalía a un daño irreparable.
Varios jueces federales han emitido órdenes judiciales a nivel nacional con las que impidieron que la orden de Trump entrara en vigor, pero la Corte Suprema federal limitó esas órdenes en un fallo del 27 de junio que dio a los tribunales inferiores 30 días para actuar. Con ese marco de tiempo en mente, los opositores al cambio regresaron rápidamente a la corte para intentar bloquearlo.
En un caso del estado de Washington ante la Corte Federal de Apelaciones del 9no Circuito, los jueces han pedido a las partes que presenten informes donde expliquen el efecto del fallo de la Corte Suprema. Washington y los otros estados en esa demanda han pedido al tribunal de apelaciones que devuelva el caso al juez del tribunal inferior.
Al igual que en Nueva Hampshire, el demandante de Maryland intenta organizar una demanda colectiva que incluya a todas las personas que se verían afectadas por la orden. La jueza estableció que el miércoles vencía el plazo para presentar los argumentos legales escritos mientras ella sopesa la solicitud de otra orden judicial a nivel nacional por parte de CASA, una organización sin fines de lucro que defiende los derechos de los inmigrantes.
Ama Frimpong, directora jurídica de CASA, indicó que el grupo ha insistido a sus miembros y clientes que no es momento de entrar en pánico.
“Nadie tiene que mudarse de estado en este instante”, expresó. “Hay diferentes vías a través de las cuales todos estamos luchando, nuevamente, para asegurarnos de que esta orden ejecutiva nunca vea realmente la luz del día”.
Entre los demandantes de Nueva Hampshire, a los que se hace referencia solo por seudónimos, está una mujer de Honduras que tiene una solicitud de asilo pendiente y se estima que dará a luz a su cuarto hijo en octubre. Ella le dijo al tribunal que la familia vino a Estados Unidos después de sufrir ataques de pandillas.
“No quiero que mi hijo viva con miedo y escondiéndose. No quiero que mi hijo sea un objetivo para la aplicación de la ley de inmigración”, escribió. “Temo que nuestra familia pueda estar en riesgo de separación”.
Otro demandante, un hombre de Brasil, ha vivido con su esposa en Florida durante cinco años. Su primer hijo nació en marzo, y están en el proceso de solicitar el estatus de residente permanente legal con base en lazos familiares: el padre de su esposa es ciudadano estadounidense.
“Mi bebé tiene derecho a la ciudadanía y a un futuro en Estados Unidos”, escribió.
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Catalini informó desde Trenton, Nueva Jersey.