MEXICO CITY – CIUDAD DE MÉAlgunos solicitantes de asilo en Estados Unidos que fueron devueltos a México, cuyos procesos estaban ya cerrados pero que vivían en el campamento irregular de Matamoros —a orillas del Río Bravo— fueron informados de que sus casos podrían reabrirse para reiniciar su proceso ya en territorio estadounidense.
La posibilidad de aceptar a migrantes que habían sido rechazados llegó justo cuando las autoridades mexicanas ultimaban el cierre de este campamento, que quedó clausurado el sábado por la noche después de trasladar a un albergue de la ciudad a las aproximadamente 50 personas que permanecían junto al río.
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Ni el Departamento de Estado ni el de Seguridad Nacional de Estados Unidos contestaron a una solicitud de comentarios formulada por The Associated Press.
Hace dos semanas la administración de Joe Biden comenzó a aceptar a migrantes de los acogidos al programa “Quédate en México” _formalmente llamado Programa de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés)— con el fin de revertir esta medida ideada por su predecesor Donald Trump para contener la inmigración no autorizada.
Estados Unidos explicó que aceptaría a personas del MPP que contaran con una solicitud de asilo todavía en proceso, unas 26.000, y empezaron los cruces por tres puntos fronterizos tras un registro previo que controlaría el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
El gobierno de Biden aseguró que acabar con el campamento de Matamoros, el símbolo más visible de las medidas de Trump, era una prioridad, pero el problema fue que, después de procesar a unas 700 personas, quedaron en torno a medio centenar que no cumplía los requisitos y que se resistía a abandonar la zona.
Juan Antonio Sierra, de la Casa del Migrante de Matamoros, explicó a la AP que la cónsul estadounidense Yolanda A. Parra se reunió el viernes con ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Instituto Nacional de Migración (INM) y miembros del albergue y aceptó estudiar la reapertura de las solicitudes de asilo rechazadas de migrantes que seguían en el campamento.
Sierra explicó que la opción que se les planteó a esos migrantes —cubanos y centroamericanos, entre otras nacionalidades— era trasladarlos al albergue de la Iglesia católica y permanecer allí hasta que “estuviera seguro que iban a pasar".
"Están intentando reabrir (los casos)", indicó.
“El compromiso fue ofrecer la Casa del Migrante como refugio temporal hasta que ACNUR hiciera su trabajo" para evitar que se concentrara más gente junto al río y garantizar que el grupo no fuera deportado nada más entrar, señaló.
Ese albergue se encontraba el sábado ya saturado, con más de 200 personas, pero Sierra indicó que se buscarían opciones para atenderlos a todos.
El padre Francisco Gallardo, responsable de la Casa, confió en que se facilite el cruce de estas personas y descartó que pudiera suponer un precedente o generar un efecto llamada: “La avalancha ya está", aseguró. "Nos está llegando mucha gente”.
Además, auguró que la situación puede complicarse porque todo apunta a que, aunque cierren el actual campamento, podría formarse otro.
El traslado de los migrantes que permanecían a orillas del río no fue sencillo, dada su desconfianza. Una hondureña que llevaba dos años en ese lugar con su hijo de 13 dijo que temían que al salir del campamento, las autoridades les olvidaran. Sin embargo, el sábado por la noche se sentía esperanzada.
Esta expolicía, que pidió el anonimato por temor a que pudiera complicarse su trámite, explicó vía telefónica que personal del ACNUR le informó el viernes “que Estados Unidos había aprobado que se reabrieran nuestros casos y que teníamos que esperar unos días para que ellos autorizaran el cruce”.
Las solicitudes de ella y su hijo habían sido rechazadas en dos ocasiones, la última en noviembre, pero habían apelado. Según dijo tuvo que huir de su país por amenazas y ya en México fue víctima de violación y secuestro. Aseguró que varias personas recibieron la misma noticia que ella.
El campamento comenzó a desmantelarse poco a poco y el viernes ya se habían llevado los inodoros portátiles y hasta cortaron la luz.
En dos semanas, han sido aceptados en Estados Unidos más de 1.200 personas por los tres cruces habilitados, Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros, 731 de ellas por este último punto, según la OIM.
El campamento a orillas del Río Bravo había sido un lugar incómodo tanto para quienes lo habitaban como para las autoridades mexicanas y estadounidenses, y aunque las donaciones de las ONG permitieron que cientos de personas subsistieran ahí, mantenía condiciones insalubres.
Estaba, además, en una de las ciudades controladas por los cárteles, algo que también pasa en las principales localidades fronterizas del estado de Tamaulipas donde distintos grupos del crimen organizado luchan entre sí por el control de los territorios y del tráfico de drogas y migrantes.
La vulnerable situación de los migrantes en Tamaulipas ha quedado muy latente este año. En enero, 19 personas —entre ellas 16 guatemaltecos que pretendían cruzar a Estados Unidos— fueran asesinadas y calcinadas en la localidad de Camargo.
Y el lunes, una mujer hondureña y su hijo de unos 10 años fueron gravemente baleados en Nuevo Laredo por un grupo del crimen organizado cuando al parecer buscaban cruzar a Estados Unidos, según un reporte policial al que la AP tuvo acceso. El cónsul hondureño en la zona, Juan Carlos Ponce, confirmó el ataque.
Esta realidad ha causado que distintas organizaciones internacionales humanitarias, y hasta congresistas demócratas estadounidenses, hayan pedido tanto a Estados Unidos como a México que garanticen los servicios básicos y de protección contra el crimen a todos los solicitantes de asilo que esperan en la frontera.
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El periodista de The Associated Press Elliot Spagat desde San Diego, y Alfredo Peña, desde Ciudad Victoria colaboraron con este despacho.