Las repercusiones de una ley de Florida implementada el verano pasado, que prohíbe a los ciudadanos chinos comprar, poseer viviendas o terrenos en gran parte del estado, ha frustrado a muchas personas.
“Estamos experimentando nuevamente lo que puede suceder cuando los funcionarios electos alimentan el miedo a través de retórica y políticas racistas”, dijo la manifestante Shanti Elise Prasad.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la ley en mayo de 2023, restringiendo a los ciudadanos no estadounidenses de China y otros países de preocupación, incluidos Cuba, Venezuela, Irán y Rusia, mientras buscaba abordar problemas federales.
“Aeropuertos, plantas de energía, sistemas de telecomunicaciones y otras infraestructuras críticas no serán comprometidos por el PCCh (Partido Comunista de China) o cualquier adversario extranjero”, dijo DeSantis en mayo de 2023.
“No hay evidencia en el expediente de ningún nexo entre la propiedad de viviendas chinas y el daño a la seguridad nacional. La evidencia simplemente no está ahí”, dijo la abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, Ashley Gorski.
Los demandantes en Shen vs. Simpson, son cuatro ciudadanos chinos que viven, trabajan y están criando familias en Florida pero se les impide comprar viviendas, junto con una firma de bienes raíces que experimenta pérdidas comerciales.
“Los que están aquí son inocentes. Son diferentes al gobierno chino”, dijo el abogado de bienes raíces Hongwei Shang.
El abogado que representa al estado argumentó que no se trata de raza, sino de seguridad nacional. Aún no se ha dictado un fallo sobre la orden judicial preliminar.